Autor: Lucas Osardo – Sociólogo. Magister en Investigación en Ciencias Sociales. Consultor en proyectos de desarrollo y educación ambiental. Docente.
Toda fecha conmemorativa emerge de acontecimientos de los que esperamos aprender como sociedad. La necesidad de no repetir situaciones semejantes instituye hitos que pretenden sumar voluntades para evitarlas. Esa mirada hacia el futuro, y la relevancia de lo que busca inspirar, puede a veces solapar la situación que la originó y, pasados los años, perder fortaleza, significación.
En un intento por rescatar la memoria de eventos que lejos de quedar en el pasado permanecen vigentes, este artículo busca recordar el contexto en el que fuera sancionado el 27 de septiembre como el “Día Nacional de la Conciencia Ambiental” en el año 1995 (Ley 24.605). Su vinculación con cuestiones que aún permanecen pendientes, más allá de los avances y retrocesos que a lo largo de las últimas décadas ha tenido la cuestión ambiental urbana, brinda la posibilidad de repensar una serie de cuestiones que deben ser tenidas en cuenta y poner en acto lo que la iniciativa promueve.
El “Día de la Conciencia Ambiental” fue instituido a partir de lo sucedido en la localidad bonaerense de Avellaneda en el año 1993 donde murieron personas intoxicadas por gas cianhídrico, producto de la descarga ilegal al desagüe cloacal de ácido sulfúrico y de sales de cianuro. Esta acción, llevada a cabo en el mismo momento en dos emprendimientos cercanos, provocó una reacción química cuyos gases mortales ingresaron a una vivienda. Estos gases dejaron sin vida a los habitantes del hogar, a los familiares que fueron a asistirlos y al personal del sistema de emergencias que acudió al lugar. Este hecho constituye una situación prototípica que reunió irresponsabilidades, negligencias, ignorancias y delitos ambientales con evidencia clara que dejó, en brevísimo tiempo, sin vida a 7 personas. Este conjunto de situaciones combinadas, y el conjunto de responsabilidades implicadas en que sucediera, obligaron a emprender acciones para evitar que situaciones así se repitan, sólo posible mediante la reunión de esfuerzos colectivos.
Los años que siguieron significaron un avance importante en materia de derecho ambiental en Argentina. Desde los años 90, la proliferación de legislaciones tendientes a la protección del ambiente favoreció procesos que tienen hoy caminos divergentes, aunque muestran un avance importante en el ejercicio de una ciudadanía ambiental con el avance en la participación socioambiental. En ese plano, la tan nombrada conciencia ambiental cobra un rol relevante, aunque a veces presente ambigüedades e imprecisiones al momento de llevar a cabo acciones que busquen fortalecerla. Cómo hacerlo parece el interrogante más difícil de asir.
La educación, o más bien el sistema educativo, fue el ámbito privilegiado; aquel donde más acciones en este sentido se han desarrollado en los últimos años. Un poco favorecido por la propia función de la Escuela que abrazó, con mayor o menor intensidad, la Educación Ambiental; otro por constituirse en un espacio que posibilitó estratégicamente la ejecución de políticas públicas con potenciales niveles de planificación y centralidad.
Vale señalar a su vez la debilidad que las iniciativas presentan para trascender el ámbito escolar; cuesta acercar la Educación Ambiental al conjunto de la sociedad. Las iniciativas se presentan desarticuladas, espasmódicas y muestran su imposibilidad de generalizar esfuerzos con impacto concretos en sectores con incidencia directa en la materia.
Un aspecto relevante resulta, por ejemplo, la cuestión del saneamiento básico y las dificultades que existen para promover una conciencia ambiental en la gestión del recurso hídrico. Es necesario fomentar la consideración social de la integración que existe entre la provisión de agua potable y el tratamiento de los líquidos cloacales como parte indisoluble de un sistema que posibilita mejorar la calidad de vida de la población. Es extendida la falta de conocimiento sobre el funcionamiento de estos aspectos centrales del funcionamiento de las comunidades, sobre todo en las grandes ciudades. El agua definida como “recurso renovable”, su apropiación, su esencialidad, los usos que se hace de ella y los compromisos que socialmente se asume en su gestión cotidiana, requiere una mayor problematización del conjunto de la sociedad. Resulta importante además revisar el rol que el Estado tiene en la inversión pública para la disminución de las brechas actualmente existentes en el saneamiento básico y los compromisos ciudadanos implicados en alcanzar una mayor la equidad en el acceso al agua segura y una adecuada gestión de los desagües cloacales. Este conjunto de aspectos constituye parte indispensable de las rutinas constituidas en las ciudades, cuyas desigualdades profundas permiten identificar procesos que deben ser más firmemente abordados.
