— Autora: Nancy Lago – Licenciada en Gestión Ambiental Urbana, especialista en Ingeniería Ambiental, máster en Energías Renovables. Docente y consultora ambiental.
En el año 2015, Argentina se comprometió a implementar la Agenda 2030, un plan de acción global a favor de las personas, el planeta y la prosperidad que se acordó en el marco de las Naciones Unidas. Esta agenda incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas globales, que cada parte firmante adapta localmente a través de metas e indicadores que surgen de las necesidades y característica de cada país y que deberían atravesar los procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales.
En el marco de la implementación de esta Agenda, los países son invitados a presentar informes voluntarios con el fin de mostrar el progreso de los compromisos asumidos. Argentina, en el año 2020, presentó el Segundo Informe Voluntario Nacional, que ofrece una visión acabada de cómo adoptó esta agenda en sus políticas.
Una de las políticas de interés que se puede analizar en este documento es la política ambiental. Argentina debe hacer frente, de manera urgente, a problemas ambientales tales como la pérdida de la biodiversidad, los impactos del cambio climático o la contaminación de cursos de agua superficiales y subterráneos. Cabe preguntarse, en este sentido, si las metas que se propuso nuestro país respecto a la dimensión ambiental de los ODS son lo suficientemente ambiciosas para lograr una transición hacia un modelo más sostenible.
A modo de ejemplo, se pueden considerar dos ODS que abordan la cuestión ambiental desde sectores diferentes de la problemática ambiental: el ODS12, que busca garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, y el ODS14, orientado a conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.
El ODS12 establece once metas globales relacionadas al uso eficiente de los recursos naturales, la disminución de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, la disminución de los residuos a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, y la incorporación de prácticas sostenibles tanto en empresas como en la administración pública.
De acuerdo con la información que figura en dicho informe, Argentina se comprometió con solo tres de estas once metas globales y estableció metas nacionales para el año 2030 con dos de ellas. Una meta establece lograr un 30% de valorización de residuos sólidos urbanos a nivel nacional. La otra de las metas está relacionada con la disponibilidad de contar con un sistema de información sobre compras públicas de bienes y servicios implementado. De acuerdo con la información que figura en el informe, la meta específica para el año 2030 está en definición (está cumplida la meta intermedia a 2019 que consistía en contar con dicho sistema).
Una situación similar ocurre con el ODS 14, que cuenta con un total de diez metas globales. En el mencionado informe, se muestra un compromiso con sólo dos de estas metas. Una de las metas consiste en alcanzar que un 10% de la superficie total de los espacios marítimos corresponda a superficies protegidas. La otra de las metas está relacionada con medios de implementación y busca lograr que un 5% del presupuesto nacional de ciencia y técnica sea asignado a la promoción de la I+D+i en cuestiones oceánicas.
Si bien las medidas de conservación y fomento de la investigación científica son ejes fundamentales para el logro de un manejo de los recursos oceánicos que contemple la sustentabilidad de este medio, se deja afuera el seguimiento de metas relacionadas con el control de la contaminación marina (asolada por plásticos de todo tamaño y diferentes sustancias químicas), fortalecer la resiliencia de los ecosistemas marinos o, una cuestión que es de especial sensibilidad para nuestro país, poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y las prácticas pesqueras destructivas.
Con el simple análisis de los ejemplos mencionados, se puede concluir que nuestras metas nacionales son insuficientes si se busca una real transición hacia la sostenibilidad. La Agenda 2030 pone en evidencia que, lamentablemente, aún no contamos con una política ambiental de Estado. Ante la situación ambiental en la que nos encontramos, carecer de una visión a futuro que incluya una planificación a mediano y largo plazo, ¿es un lujo que nos podemos permitir?
